Una directiva de 2009 de la Unión Europea estipulaba que dado que «la pulverización aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medioambiente», ésta «debe prohibirse en general, con posibles excepciones en los casos en que presente claras ventajas en términos de menor impacto en la salud humana y el medio ambiente en comparación con otros métodos de pulverización o cuando no haya ninguna alternativa viable».
Las comunidades autónomas han recurrido a las calificadas como medidas de urgencias para emplear fumigaciones aérea contra esta temida plaga. En el caso de Andalucía, se han pulverizado más de 30.000 hectáreas desde 2012 y hasta el año pasado, cuando el Ministerio de Medio Ambiente se negó a seguir concediendo permisos de fumigación tras una amonestación de la Unión Europea. Un año antes, en 2014, la Junta de Andalucía fumigó desde el aire 637 hectáreas del Espacio Natural de Doñana, un 35% más que el año anterior.
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